30 DE SEPTIEMBRE

30 DE SEPTIEMBRE - 30 S

Como 30S o 30-S se conoce a una «crisis de seguridad» que inició como una revuelta policial contra una ley salarial, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, y que es calificada por el gobierno de Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado en su contra. Varios periodistas, analistas políticos, otros gobiernos de la región y varios organismos internacionales utilizan la misma calificación o identifican matizadamente la revuelta como un "intento de desestabilización", a la vez que existe una importante discrepancia a estas versiones desde la oposición al gobierno y de varios periodistas y analistas políticos, quienes tienden a describirlo como un motín fortuito que incrementó su conflictividad por la acción del mismo presidente ecuatoriano y que a continuación el relato oficialista de una supuesta conspiración golpista ha sido usado mediáticamente para justificar la persecuciónpolítica a críticos del gobierno ecuatoriano. Posteriormente, el 30S tendría repercusiones legales directas o indirectas, la más destacada a nivel nacional e internacional fue el "caso Correa contra Palacio y El Universo".

El 30S inicia cuando elementos de la tropa de la Policía Nacional del Ecuador, en horas de la mañana, iniciaron una protesta contra la Ley Servicio Público aprobada por laAsamblea Nacional del Ecuador el 11 de agosto de 2010, en la cual la Policía y los militares fueron integrados a la Ley de Servicio Público, además las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional fueron asignadas al ámbito del Ministerio de Educación y sus servidores administrativos adscritos al sistema educativo público. La protesta constó de la suspensión de sus jornadas laborales, bloqueos de carreteras y además impedir el ingreso al Parlamento en Quito. A esto se sumó un grupo de elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que usando sus cuerpos como barrera, bloquearon la pista del Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudió al regimiento de policía, principal foco de la huelga, y dio un discurso en el que les aseguró que no se iba a dar marcha atrás con la ley en cuestión. Esto molestó a los policías en huelga lo que originó una situación caótica en la que fue agredido con una granada de gas lacrimógeno y tuvo que colocarse unamáscara antigases. Además resultó lesionado de una rodilla reciéntemente operada. El Presidente fue apartado con dificultades del tumulto y llevado por el equipo de seguridad presidencial hacia el hospital del cuerpo de policía que está adyacente al lugar de los hechos, este edificio fue luego rodeado por policías inconformes. Correa alegó que estaba secuestrado y declaró desde allí un estado de excepción que movilizó a las Fuerzas Armadas del Ecuador a las calles argumentando que un golpe de Estado se estaba llevando a cabo y responsabilizando a la oposición. Ordenó además una cadena nacional, lo que para las leyes de Ecuador significa obligar a todos los medios de comunicación a transmitir la señal del canal público ECTV, esta cadena nacional duró ocho horas ininterrumpidas.

Hacia la tarde, los líderes del partido de gobierno Alianza PAIS y miembros del gabinete presidencial, Ricardo Patiño y Alexis Mera, convocaron a los simpatizantes de Correa a movilizarse, una multitud se formó frente al Palacio Presidencial y otra multitud en los alrededores del Hospital de la Policía, lugar en donde estaba retenido el presidente, para exigir su liberación. En el conflicto entre los policías amotinados y los manifestantes a favor de Correa en las afueras del Hospital de la Policía, murió un estudiante.

Alrededor de las 9 de noche se dio inicio a una incursión militar en el hospital, la toma por asalto a la casa de salud había sido ordenada por la presidencia ecuatoriana desde el mediodía. En medio de un tiroteo que duró más de 20 minutos, transmitido en vivo por la televisión nacional, llevado a cabo entre fuerzas especiales del Ejército ecuatoriano y la policía de operaciones especiales contra los sublevados de la Policía Nacional el ejército logró retirar del hospital al Presidente quien había estado allí por unas 10 horas.  El operativo del ejército contó con la participación de 900 efectivos. En distintas partes del país se reportaron manifestaciones, disturbios y saqueos durante estos acontecimientos. Al día siguiente el Ministro de Salud de Ecuador dijo que la crisis había dejado ocho muertos y 274 lesionados , de los cuales 25 se encontraban en estado crítico. 

El gobierno ecuatoriano maneja una teoría conspirativa sobre la huelga y su posterior conflicto alegando que fueron producto de un complot planificado por la oposición para derrocar al presidente, por lo que la catalogó como un intento de golpe de Estado, afirmación que es respaldada por organismos internacionales como Unasur, la OEA, laONU y varios medios de comunicación como TeleSUR. Sin embargo esta descripción no es compartida por otros actores como centros de estudios políticos y analistas nacionales e internacionales que califican el conflicto como un motín que se salió de control tanto para los policías rebeldes como para el gobierno y que terminó en revuelta, en la actualidad el tema es objeto de controversia. Durante el transcurso del conflicto los líderes y partidos de oposición hicieron público su respaldo al orden democrático constitucional aunque coinciden en que la versión de la conspiración golpista es una exageración del gobierno con el fin de victimizarse y aumentar su popularidad. La ONUante la existencia de discrepancias sobre lo ocurrido el 30-S formó una comisión que se entrevistó con miembros del gobierno, emitiendo un comunicado en enero de 2012 de que los hechos "constituyeron un intento de desestabilización política, y una amenaza al orden constitucional y democrático" sin mayores detalles.

En 2011 se realizaron varios juicios a supuestos autores y cómplices de lo que para el gobierno de Rafael Correa fue un intento de golpe de Estado y magnicidio, en ninguno de ellos pudo probarse tales acusaciones y los encausados han sido sobreseídos en su mayoría. Ante esto el presidente Correa habla de un caso de corrupción de los jueces en complicidad con la prensa privada para que el 30-s quede en la impunidad. Mientras voces opositoras dicen que que con dificultad se podrá ocultar que los incidentes del 30-S son el resultado de un irresponsable operativo político del gobierno de Correa que buscó aprovecharse de las protestas iniciales como plataforma de propaganda, asistiendo el presidente ecuatoriano por decisión propia al foco de manifestaciones a dar un discurso agresivo contra los manifestantes, sin medir las consecuencias.